La inteligencia artificial se enfrenta a un debate ético urgente. Un grupo de fiscales generales en EE.UU. envió un comunicado a OpenAI reclamando medidas más estrictas para proteger a los menores. El detonante fue un caso trágico que involucró a un adolescente y al uso de ChatGPT, lo que reavivó la discusión sobre los límites de la IA en manos de los más jóvenes.
La presión legal busca que la empresa implemente filtros más sólidos, protocolos de intervención y controles de uso que eviten escenarios de riesgo. La medida plantea un dilema: ¿cómo equilibrar la libertad de acceso a la tecnología con la responsabilidad de proteger vidas?
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